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Campaña de Inspección para regularizar a las empleadas del hogar

por | Abr 13, 2021 | Legislación

  • La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pretende combatir la precariedad del sector

  • Los empleadores estarán obligados a actualizar cotizaciones y salarios que estén por debajo del SMI

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha puesto en marcha una campaña dirigida a los empleadores de servicio doméstico. El objetivo: regularizar los salarios que se encuentren por debajo del SMI y sus cotizaciones a la Seguridad Social. 

Según un estudio realizado en 2019 por Oxfam Intermón y el Laboratorio de Derecho Social del Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, la tasa de pobreza de las empleadas de hogar supera en más del doble la media de los trabajadores y trabajadoras asalariados (16,3%); y la proporción de trabajadoras con contratos a tiempo parcial cuadruplica la del resto de personas con este tipo de empleo, y rebasa con creces los índices de parcialidad involuntaria (80% frente al 55%). Además, esta alta precariedad la sufren en su mayoría las mujeres, aumentado así la brecha de género: según la encuesta de población activa del primer trimestre de 2020, integraban este sector un total de 576.000 personas trabajadoras, de las cuales solo 71.000 eran hombres.

¿Cuánto deben cobrar como mínimo?

Para jornada completa, 950 euros al mes en 14 pagas o 1.108,33 euros al mes con prorrateo de pagas extras, y para jornada por horas el salario mínimo será de 7,43 euros la hora.

¿Qué sanciones conlleva no cumplirlo?

A partir del 1 de abril de 2021 si el empleador no ha declarado el salario actual ante la TGSS se iniciarán actuaciones inspectoras de comprobación por parte de la ITSS que pueden conllevar sanciones. Se aplica la normativa general en materia de infracciones y sanciones ( Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto).

Entre las infracciones graves se encuentran:

  1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora.

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley.

3. No consignar en el recibo de salarios las cantidades realmente abonadas al trabajador.

4. Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy graves.

Estas sanciones están multadas en su grado mínimo de 626 a 1.250 euros y en su grado máximo de e 100.006 euros a 187.515 euros.

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